Límites legales a la compra de tierras: ¿refrenan a los acaparadores de tierra o adormecen el debate?
GRAIN
En los últimos años, gobiernos, legisladores y
elites políticas de diversos países han estado tratando de calmar el
enojo y el debate sobre el acaparamiento de tierras estableciendo
límites legales a la inversión extranjera directa en tierras (IED).
Estos límites asumen varias formas.
Trabajadores en una plantación de caña de azúcar en Brasil, donde la compañía Bunge, con sede en Estados Unidos, está adquiriendo una gran cantidad de tierra para producir azúcar y agrocombustibles (Foto: Lalo de Almeida para el New York Times)
En algunos países, los gobiernos están imponiendo límites máximos
sobre la cantidad de tierras agrícolas que los extranjeros pueden
adquirir. Recientemente, Argentina y Brasil avanzaron en esta dirección.
Antes de dejar el cargo, el presidente Lula dio instrucciones a su
partido y al Fiscal General del país para encontrar la forma de limitar
el acceso de extranjeros a la tierra agrícola en Brasil. Cristina
Kirchner inició un proceso semejante en Argentina, lo que llevó a la
firma de una nueva ley antes de un año. En ambos casos el intento fue
establecer límites sobre la cantidad de tierras agrícolas que los
inversionistas extranjeros puedan poseer, como forma de contener el
creciente resentimiento contra la “extranjerización” y la pérdida de
soberanía.
En otros países los líderes políticos están estableciendo prohibiciones
a la adquisición de tierras por parte de extranjeros. El presidente de
Hungría emitió un decreto, a través del parlamento, que establece que no
se les permitirá a los extranjeros comprar tierras cuando en 2014 se
levante una moratoria sobre la venta de tierras. Como a muchos otros
países de Europa del Este que pertenecen a la Unión Europea, a Hungría se
le permitió un periodo de transición antes de abrir su mercado de
tierras, cerrado actualmente a los inversionistas europeos. Es claro que
cuando finalice ese periodo, el conservador partido que gobierna
Hungría buscará la forma de mantener para el país la riqueza que puede
ser extraída de las fértiles tierras de Hungría. En América Latina, el
gobierno de Uruguay ha estado debatiendo el prohibir la existencia de
inversionistas extranjeros “públicos”, es decir, adquisiciones de
tierras en que se involucren gobiernos extranjeros, fondos soberanos o
empresas estatales.
En otras partes, se están estableciendo otros tipos de restricciones.
En Argelia, donde el Estado es propietario de la mayor parte de la
tierra, se adoptó recientemente una nueva ley de tierras para ampliar la
propiedad privada sobre las tierras agrícolas. A los extranjeros, sin
embargo, no se les permitirá adquirir tierras agrícolas excepto como
accionistas minoritarios, en sociedad con firmas nacionales. El mismo
tipo de limitación fue incluido en el código de tierras de la República
Democrática del Congo de 2012. Para limitar la especulación, algunos
gobiernos o legislaturas están imponiendo requisitos para el uso de la
tierra (p.ej, si la tierra no se pone en producción dentro de cierto
límite de tiempo, se pierde el derecho a ella).
Obviamente, la situación difiere de país en país. Algunos líderes y
grupos políticos reaccionan de manera específica —y a veces sin mayor
reflexión— frente a un número creciente de adquisiciones de tierras a
gran escala donde, por una razón u otra, los extranjeros son vistos sólo
como un problema particular. Otros están tratando de abordar un rango
más amplio de problemas relacionados con la tierra —no solamente el
acaparamiento de tierras, sino la concentración de tierras, los
problemas de uso de la tierra, los sistemas de registro y avalúo de
propiedades— a través de leyes de tierras con visión más integral,
holística, que incluye códigos pastoriles y rurales.
Las restricciones a la inversión extranjera en tierras parecen ir
contra la doctrina neoliberal, tal como la han promovido los gobiernos
occidentales y las instituciones financieras internacionales a lo largo
de las últimas décadas. Después de todo, la mayoría de los tratados
bilaterales de inversión y los capítulos sobre inversión de los llamados
acuerdos de libre comercio se basan en la noción de brindarle a todo
mundo “un trato de nacionales” —la idea de que los inversionistas
extranjeros deben ser tratados de igual manera que los nacionales, sin
permitir discriminaciones. Estas restricciones, aunque no estén
generalizadas, parecen no tener en cuenta ese principio.
Por qué podrían no ser efectivas estas restricciones
¿Acaso podrán estas restricciones hacer la diferencia, especialmente
para los pequeños productores de alimentos que luchan por alimentar a
sus familias y comunidades? Es muy poco probable, por varias razones.
Propiedad versus alquiler: En muchos casos, las restricciones
establecidas se aplican solamente a la compra de la tierra. Fácilmente,
los inversionistas pueden irse por otras formas de control sobre la
tierra para sus proyectos, tales como el arriendo o las concesiones.
Para muchas comunidades, sin embargo, no hay diferencia. Una compañía
que obtenga un arriendo por 99 años sobre un territorio o unas tierras
sin el consentimiento explícito y directo de los dueños, provoca el
mismo efecto que si la compañía hubiera comprado la tierra: sigue siendo
una desposesión. Aun si el consentimiento entrara en juego (en caso de
entrar), un arriendo a largo plazo que abarque varias generaciones en la
vida de la comunidad tiene el mismo impacto que una transferencia
permanente de la propiedad. Los políticos entran en juegos de palabras,
dicen abordar el problema (porque restringen la propiedad) cuando que
no lo están haciendo (pues permiten arriendos de largo plazo).
Los extranjeros se pueden esconder tras los nacionales: Éste
es un truco bien conocido, que asume diversos nombres y variantes
alrededor del mundo. Donde los extranjeros —ya sea personas individuales
o entidades legales—tengan prohibido poseer tierras, simplemente se
esconden detrás de los actores locales. Una compañía o un ciudadano
puede servir como la careta legal o como el signatario de un contrato,
mientras tras bambalinas se redactan otros términos para reflejar que la
propiedad y el dinero están en manos de un tercero. En los grandes
negocios, las compañías extranjeras pueden abrir subsidiarias nacionales
o empresas ficticias, o establecer una sociedad de capital de riesgo
con compañías locales y aparecer como una entidad nacional. Estas
prácticas son comunes, de Tailandia (donde le llaman sistema nominado) a
Brasil (donde a la fachada se le conoce como la “naranja”). Estas
prácticas no son necesariamente ilegales, pero indican que las leyes que
prohiben la propiedad “extranjera” no tienen un gran impacto.
El acaparamiento de tierras directo puede dar lugar al acaparamiento de tierras indirecto:
Los inversionistas astutos, que se sienten amenazados por las
restricciones sobre la inversión extranjera directa en tierras, pueden
cambiar la estrategia y pasar a otros modelos de control de la tierra o
los recursos. En 2010, por ejemplo, la compañía china Chongqing Grain
Group intentó negociar la compra de 100 mil hectáreas de tierras
agrícolas en Bahía, para producir soja para el mercado chino. A medida
que las conversaciones sobre la limitación del acceso a la tierra para
los extranjeros fueron en aumento en Brasil, se dieron cuenta que
estaban en aprietos y cambiaron su enfoque. En vez de intentar la
compra, acordaron con las autoridades locales poner su dinero en un
complejo agroindustrial local e instalaron unidades de almacenamiento y
molienda con miras a la compra de la soja provenientes de 200 mil
hectáreas de tierra agrícola dedicadas a esa siembra. De esta manera CGG
no alejó físicamente a nadie de la tierra, pero logró más o menos los
mismos resultados: entonces los agricultores brasileños están obligados a
producir soja para una única compañía, durante un periodo de tiempo
significativo, garantizando un suministro barato de aceite de soja hacia
China.
En Argentina, otro grupo chino, Heilongjiang Beidahuang State Farms
Business Trade Group, adoptó una estrategia similar en 2010. El
gobernador de Río Negro firmó un acuerdo con el grupo chino prometiendo
20 mil hectáreas de tierra “sin usar”, bajo un contrato de arriendo de
20 años más el acceso a otras 235 mil hectáreas en manos de agricultores
privados. El plan era que Beidahuang pudiera negociar derechos
exclusivos, a largo plazo, sobre el producto de los agricultores, sin
arrendar ni comprar sus tierras.
Ya sea enmarcados como contratos de producción o de sistemas de
subcontratación, estas formas más sigilosas de acaparamiento de tierra,
también impiden que la tierra sirva a los objetivos y necesidades de
las comunidades locales —a veces por un tiempo realmente muy prolongado.
En otros casos, las restricciones legales para los extranjeros han
sido eludidas rezonificando o reclasificando las tierras, o fraccionando
las transacciones al punto de que puedan burlar el radar de los
reguladores. De nuevo, el modo de acaparar tierras puede cambiar para
cumplir con la ley, pero el efecto neto es el mismo.
Las restricciones sobre la inversión pueden apropiarse del debate:
Muchas veces, donde las élites políticas buscan introducir límites a
los inversionistas extranjeros con el fin de controlar el acaparamiento
de tierras —es común un gran alarde nacionalista o pro soberanía— en
realidad estas élites pueden reducir el debate a uno de nivel nacional
donde “extranjero es lo mismo que malo”, mientras se evade la pregunta
más importante: qué tipo de estrategia agrícola, de seguridad
alimentaria o de medios de subsistencia rural se promueve y se apoya. A
lo sumo, lo que se logra con esto es la denostación de unos cuantos
actores en el espectáculo mediático de fingir que “se hace algo”,
cuando, en realidad, permanece intacto el resto de los sesgos en las
directrices agrícolas de un país.
Por tanto, es riesgoso dejar que el punto de los inversionistas
agrícolas extranjeros se convierta en el foco principal de atención.
Conclusión
El acaparamiento de tierras ha llegado a ser una plaga estructural de
nuestros tiempos junto a otros procesos interconectados e igualmente
importantes, tales como la concentración de la tierra y otras formas de
acaparamiento de recursos.
Limitar la inversión directa en tierras no es algo malo como tal.
Pero como podemos constatar, a partir de los intentos fallidos en
algunos cuantos países, sería preferible un enfoque más integral: que se
replantearan las nuevas políticas de tierras como parte de una más
amplia reorganización de las estrategias de desarrollo agrícola y rural,
para que incluya programas de reforma agraria genuina, orientados hacia
la soberanía alimentaria. De otro modo, podremos seguir logrando
soluciones superficiales, cargadas de ambigüedades, efectos perversos y
debates muy restringidos que mejoran la reputación de los políticos,
pero que no resuelven realmente ningún problema de las comunidades
locales en el terreno.
En el anexo, brindamos algunas síntesis del modo en que toman
forma las restricciones contra los acaparadores extranjeros de tierras
en varias partes del mundo.
Anexo : Restricciones estatales a que los extranjeros consigan tierras
Argelia —prohibición. Argelia
reformó sus leyes agrarias en 2010 para permitir el arriendo privado de
tierras agrícolas, la mayoría de las cuales pertenece al Estado. Sin
embargo, los extranjeros no pueden poseer tierras agrícolas. Pueden
asociarse con argelinos para arrendar tierras en forma conjunta o para
invertir, en forma directa, hasta un 49 por ciento del capital de
proyectos agrícolas a gran escala con la posibilidad de involucrarse en
agricultura por contrato. Esto es semejante a las nuevas reglas
adoptadas en la República Democrática del Congo.
Argentina —un tope normativo + límites por razones de seguridad. En
diciembre de 2011, siguiendo una iniciativa propuesta por la Presidente
Cristina Kirchner, una gran mayoría del congreso adoptó La Ley Nacional No. 26737.
Esta ley establece un límite máximo nacional: los extranjeros no pueden
poseer más del 15 por ciento de la tierra agrícola del país. También
establece que los inversionistas extranjeros y las compañías de
cualquier país no pueden tener más de un 30 por ciento de ese monto,
mientras que las compañías o inversionistas individuales no pueden
poseer más de mil hectáreas cada uno. Los extranjeros no pueden poseer
tierras dentro de las zonas de seguridad al interior de las fronteras
del país o a lo largo de los grandes cuerpos permanentes de agua, indica
la ley. Además, estipula que bajo los tratados bilaterales de
inversión, de los cuales Argentina es parte, la adquisición de tierras
rurales no puede ser considerada una “inversión”, debido a que la tierra
es un recurso natural no renovable proporcionado por el país anfitrión.
Australia —los grandes negocios sujetos a revisión. En
Australia, el asunto de que inversionistas extranjeros asuman control de
tierras agrícolas ha llegado a provocar un acalorado debate en los
últimos años, y las encuestas muestran que 4 de 5 australianos están en
contra. En la actualidad, sólo los grandes negocios de tierras —aquellos
con tasados en 252 millones de dólares estadounidenses) o más—
requieren la aprobación del Foreign Investment Review Board (la comisión
revisora de inversiones extranjeras). Cualquier valor menor no se
registra ni se regula. Algunas asociaciones de agricultores quieren que
el umbral para la revisión baje a 5 millones 300 mil dólares
estadounidenses). Los Verdes y otros partidos políticos están
respaldando la propuesta para introducir una moratoria sobre los
inversionistas extranjeros que estén comprando tierras agrícolas, a
menos que el negocio en cuestión pase la prueba del “interés nacional”,
con lo que intentan mostrar que su postura no es xenofóbica. En octubre
de 2012, el gobierno anunció que —para aumentar la transparencia y
siguiendo los ejemplos de los gobiernos de Queensland, Estados Unidos y
Argentina – crearía un registro de los propietarios extranjeros de
tierras agrícolas con base en una consulta nacional.
Benin —tope normativo. Los legisladores de Benin debatieron y
adoptaron una nueva ley de tierras en enero de 2013. La propuesta
entregada por el gobierno fue preparada con apoyo de Millennium
Challenge Corporation y el gobierno de Estados Unidos, y fue presentada
al parlamento en octubre de 2012. Inicialmente establecía que los
extranjeros asentados en Benin podrían arrendar tierras agrícolas a
largo plazo (hasta 50 años, no renovable) sujetas a un límite
cuantitativo. La propuesta puso el límite en las mil hectáreas por
persona, fuera ésta física o moral. Grupos de la sociedad civil,
representados a través del colectivo “Alianza para una ley de tierras
consensada y socialmente justa” buscaron que se prohibiera la
adquisición derechos de tierras por parte de los extranjeros y buscaron que el límite máximo bajara
a 50 hectáreas para individuos y 100 hectáreas para las asociaciones.
El texto final aprobado por el parlamento no cedió sobre este punto: los
negocios de tierras involucrando más de dos hectáreas, requerirán
autorización (en una escala que va del distrito local al nivel nacional,
dependiendo del área de la superficie), con un límite máximo por
inversionista de mil hectáreas.
El nuevo código también establece requisitos sobre el uso de la
tierra, para ayudar a combatir la especulación y promover el desarrollo
sustentable. Señala que los arriendos y concesiones deben estar
vinculados a proyectos de desarrollo que respeten los balances
ecológicos y contribuyan a la protección ambiental y la seguridad
alimentaria. Se espera que estos proyectos sean aprobados y monitoreados
por las autoridades locales o municipales.
Bolivia –prohibido lo público, lo privado permitido. Los
extranjeros en Bolivia no pueden adquirir tierras estatales, pero pueden
adquirir tierras privadas. Se requiere la residencia local y los
derechos sobre las tierras están protegidos por tratados de inversión
internacional (donde éstos han sido firmados entre Bolivia y un país
extranjero determinado).
Brasil —tope normativo + límites por seguridad. En agosto de
2010, el fiscal general de Brasil promulgó la reinterpretación de una
ley de 1971, que no se ha aplicado, y que limitaría las ventas de
tierras agrícolas a los extranjeros a “50 módulos”, aproximadamente 5
mil ha. La decisión pedía el estricto cumplimiento de la ley, indicando
que los extranjeros no pueden poseer más de 25 por ciento de cualquier
municipalidad. No más del 10 por ciento de una municipalidad podría ser
de propiedad de extranjeros de la misma nacionalidad y las mismas reglas
debieran ser aplicadas a las compañías agrícolas brasileñas con más del
50 por ciento de capital extranjero. Estas propuestas aún se están
discutiendo en los comités del congreso y
aún no se resuelve al respecto. Mientras tanto, el gobierno publicó un
conjunto de directivas que requiere que los extranjeros o compañías
extranjeras (con autorización para trabajar en Brasil), que entreguen
documentación justificando la cantidad de tierra que quieren comprar,
para así mejorar los registros nacionales. Además de estos límites
máximos, las áreas de frontera —una franja de 50 km al interior de las
fronteras nacionales de Brasil— son zonas “infranqueables”, por razones
de seguridad nacional, es decir fuera de los límites para los
inversionistas privados que deseen adquirir tierras.
Colombia – el límite superior en debate. El parlamento está en
proceso de debatir varias propuestas. La propuesta del Polo Democrático
Alternativo (Robledo) ha sido enmendar la Constitución con el fin de
limitar a “una unidad familiar” la cantidad de tierra agrícola que los
extranjeros puedan poseer. También aclara que las tierras baldías deben
ser consideradas propiedad del Estado y sólo pueden ser arrendadas o
utilizadas (p.e. a través de acuerdos de usufructo) por los colombianos
nacidos en Colombia. El Partido Conservador (Andrade) también propuso
una enmienda constitucional para limitar las compras por parte de
extranjeros. Por otro lado, para hacer frente al asunto, el ministro de
Agricultura abogó por una ley ordinaria en vez de una enmienda
constitucional. A fines de diciembre de 2012, la propuesta del partido
Unión Nacional (Lozano) para limitar la cantidad de tierra que los
extranjeros pueden comprar a “un 15 por ciento del área de una
municipalidad rural”, fue aprobada por la quinta comisión del congreso y
será, probablemente, examinada junto con una propuesta del gobierno a
comienzos de 2013. Junio de 2013 es la fecha límite para finalizar todo
esto.
República Democrática del Congo —¿prohibición o reincidencia? En junio de 2012, entró en vigor un nuevo código de tierras en la República Democrática del Congo. Bajo sus términos, sólo ciudadanos del Congo o compañías que sean mayoritariamente de propiedad de congoleños
están autorizados a poseer tierra. A principios de 2013, las reglas de
implementación de esta medida aún no habían sido desarrolladas y el
gobierno ya está hablando de modificarla, aparentemente bajo una fuerte presión de parte de los inversionistas extranjeros
para entregarles mayores derechos. De acuerdo con la agencia de
noticias de Naciones Unidas, IRIN, el gobierno incluso estaría
contemplando comprar tierras con el fin de vendérselas a las compañías
extranjeras.
Ecuador —límite superior en debate. El gobierno está
considerando un proyecto de ley de tierras que proscribiría la
adquisición o transferencia de tierras por/hacia entidades, personas o
capital extranjeros, más allá de las 300 ha.
Hungría —prohibición. El gobierno dirigido por el Primer
Ministro Conservador Viktor Orban presentó al parlamento un proyecto de
ley para prohibir a los extranjeros la compra de tierras agrícolas una
vez que se levante una moratoria en 2014. Los movimientos sociales, sin
embargo, dicen que acelerará el acaparamiento de tierras
en Hungría. Desde el comienzo del proceso de adhesión a la UE en 1994,
la ley de tierras de Hungría estipulaba que los inversionistas
extranjeros solamente podían arrendar (no comprar) tierras agrícolas y
que sólo podían obtener 300 ha por un periodo de arriendo máximo de 10
años.
Sin embargo, las ambigüedades y el clientelismo llevaron a una
situación donde más de un millón de hectáreas están actualmente
controladas por inversionistas extranjeros, principalmente agricultores
austriacos (600 mil-700 mil ha), pero también holandeses, alemanes,
daneses y británicos y otros agricultores y compañías. Esto representa
el 15-20 por ciento de toda la tierra agrícola en Hungría. En diciembre
de 2012, el parlamento aprobó el proyecto de ley que modifica la Constitución.
“Ésta es una nueva era para la agricultura. La Constitución
protege a las tierras agrícolas húngaras —nuestro legado y las bases
para nuestra subsistencia— de la especulación extranjera y nacional por
igual”, señaló el Ministro de Desarrollo Rural cuando anunciaba la decisión. Opositores al régimen arguyeron, sin embargo, que la medida está destinada a ayudar a desviar la atención
del proceso real que ocurre en Hungría, donde la tierra agrícola está
siendo concentrada y privatizada por la élite política local y los
patrocinadores de los partidos gobernantes. Las enmiendas entrarán en
efecto en 2014 cuando la moratoria de la UE sea levantada (a menos que
la elección general programada para marzo de 2014 provoque un cambio de
dirección).
Nueva Zelandia —grandes negocios sujetos a revisión. Cualquier
compra de tierras agrícolas mayor a 5 hectáreas o que tenga un valor
mayor de 84 mil dólares estadounidenses y que haya sido realizada por un
inversionista extranjero, debe obtener una acreditación del Overseas
Investment Office. Para obtener la acreditación, los inversionistas
extranjeros tienen que satisfacer varios criterios, tales como demostrar
experiencia relevante, tener buenos antecedentes y contar con el valor
de la inversión para Nueva Zelandia. Esto no es tan difícil de hacer, y
un 10 por ciento de la tierra agrícola del país ya fue vendida. Con el
reciente aumento del interés de los inversionistas de China y los
estados del Golfo en las agroindustrias, ha habido un fuerte debate
acerca de cómo controlar la inversión extranjera en tierras agrícolas
nacionales.
Paraguay —límites legales en preparación, hasta el golpe. En
1940, la Ley de Tierras de Paraguay declaró ilegal que los extranjeros
poseyesen tierras. Esto fue eliminado por el dictador militar Alberto
Stroessner en los años 60 y desde entonces el campo de Paraguay ha
atraído un flujo estable de compañías agroindustriales, agricultores e
inversionistas extranjeros, los cuales llegaron a un máximo en
2006-2010. En principio, sólo los paraguayos pueden tomar el control de
la tierra redistribuida a través del programa de reforma agraria, pero
esto no se ha hecho cumplir. Del mismo modo, el parlamento paraguayo
dictaminó, en 2005, que no debería autorizarse que los extranjeros
compraran tierras dentro de los 50 kilómetros a partir la frontera, pero
esto no fue respetado y tampoco implementado. No fue hasta octubre de
2011 que la administración de Lugo emitió un decreto regulando esta ley, en un esfuerzo por recuperar el control de una situación que se escapaba de las manos, puesto que los extranjeros controlan 9-10 millones de hectáreas de tierras agrícolas,
entre 25 y 30 por ciento de toda la tierra arable en Paraguay. En
diciembre de 2011, el presidente Fernando Lugo dejó en claro que planeaba proponer una legislación
similar a aquéllas que habían sido recién adoptadas en Argentina y
estaban elaborándose en Brasil. La destitución de Lugo, a mediados del
2012, por las fuerzas alineadas con la agroindustria, puso fin a tales
intenciones.
Perú —sin límites para los extranjeros. Desde 2012, el
parlamento de Perú ha estado examinando dos proyectos de ley para
limitar la concentración de la propiedad de la tierra, lo que se ha
disparado recientemente. Los proyectos de ley no incluyen límites en
vistas a la nacionalidad, aunque algunos de los nuevos grandes
acaparadores de tierras en Perú son inversionistas extranjeros como Parfen
de Uruguay. Como en Brasil, la Constitución de Perú sostiene que ningún
extranjero puede ser dueño o poseer tierras dentro de los 50km desde su
frontera, aunque las excepciones son posibles.
Polonia —medidas en debate. La moratoria sobre la venta de
tierras agrícolas a capitales europeos extranjeros, expirará en 2017.
Mientras tanto, ciudadanos de la UE-27, Islandia, Liechtenstein y
Noruega pueden comprar hasta una hectárea de tierra agrícola sin
solicitar permiso. Cualquier área mayor de tierra requiere la aprobación
del gobierno y no puede estar sujeto a propiedad, sino a arriendo. En
este momento, el reglamento de arriendo así como la situación que se
pondrá en marcha después de la moratoria, están en revisión.
Rumania —un tope normativo. En octubre de 2012, el
gobierno de centro izquierda anunció que cuando el mercado nacional se
liberalice en 2014, según las reglas de la UE tienen planificado,
impondrá un límite cuantitativo máximo a los inversionistas extranjeros
que deseen adquirir tierras agrícolas en Rumania, o requerirá que
tengan experiencia real en agricultura. Esto, después de que 800 mil
hectáreas —o 6 por ciento del área agrícola total— ya fueron cedidas a
las empresas de agronegocios extranjeras.
Ruanda —límites legales. Ruanda está preparando una nueva ley de tierras
dirigida a limitar el arriendo de tierras a extranjeros por un máximo
de 49 años. Como en otros países africanos, —Sudán o Benin—, también
establecerá requisitos para el uso de la tierra. Por ejemplo, los
inversionistas extranjeros tendrán cinco años para poner la tierra en
producción o deberán devolverla.
Tanzania — límites legales. En Tanzania, se suponía que ningún
inversionista extranjero podía tener más de 50 acres. Sin embargo, este
límite máximo no fue respetado.
En 2012, el parlamento urgió al
gobierno a suspender todas las asignaciones de tierra a gran escala a
inversionistas extranjeros. Comenzando en enero de 2013, hay límites
máximos impuestos para las concesiones de tierra a largo plazo a
extranjeros y nacionales por igual. Para el azúcar, el límite máximo es
10 mil ha y para el arroz, 5 mil ha. Además, el Centro de Inversiones de
Tanzania está en proceso de publicar las pautas para implementar y
controlar las asignaciones desde un Banco de Tierras de Tanzania.
Ucrania —límites superiores en debate. El gobierno de
Ucrania levantará la moratoria sobre la venta de tierras agrícolas a
inversionistas extranjeros en 2013. En preparación para esto, fueron
propuestas varias controvertidas legislaciones. Una relacionada con el
sistema de catastro fue discutida y aprobada,
mientras que otra relacionada con el mercado de tierras, todavía tiene
que terminarse. Hasta ahora, a los extranjeros no se les ha permitido
comprar tierras agrícolas, pero se les permitió arrendarla a largo plazo
a agricultores individuales. Para esto, se les requirió establecer las
operaciones e identidad de los negocios en Ucrania y se dio por
entendido que, cuando la moratoria de la UE se levante, tendrían el
derecho de comprar la tierra que tenían arrendada. Ya se ha entregado
mucha tierra a inversionistas extranjeros en Ucrania (sobre un millón de
hectáreas o 3 por ciento del área agrícola del país). En los borradores
del nuevo reglamento para regular el mercado de tierras, se han propuesto
varios límites y programas de impuestos. No está claro, sin embargo,
cuál será el reglamento final cuando se levante la moratoria.
Uruguay —prohibición vs límite máximo en debate. El Partido
Socialista ha propuesto un proyecto de ley que prohibe la compra de
tierras agrícolas para propósitos agrícolas o forestales de parte de
gobiernos extranjeros o compañías ligadas a gobiernos extranjeros. La
coalición gobernante, Frente Amplio, propuso otro proyecto de ley que
busca limitar la cantidad de tierras agrícolas que las compañías
extranjeras privadas pueden adquirir, con el fin expreso de frenar a los
especuladores. El debate aún está en curso.
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