Tercer día de paro general en Bolivia
El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, criticó la
posición de los huelguistas y los acusó de promover el derrocamiento del
presidente Evo Morales. La Central Obrera Boliviana declaró que seguirán sus
acciones de protestas.
Más de cien manifestantes fueron detenidos ayer después de choques
entre mineros y policías por la destrucción de un puente con dinamita, en el
tercer día de la huelga organizada por la Central Obrera Boliviana (COB).
“Se ha procedido a la aprehensión de más de cien personas que estaban
portando dinamita, que estaban lanzando materiales contundentes, piedras, y
provocando a la policía”, informó el ministro del Interior, Carlos Romero, en
rueda de prensa. Tras tres días de manifestaciones, el gobierno de Bolivia
denunció ayer la existencia de tendencias golpistas entre la dirigencia
sindical que sostiene la huelga general.
El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, criticó la
posición de los hueguistas y los acusó de promover el derrocamiento del
presidente Evo Morales. “Quiero pedir a algunos dirigentes de la COB que se
parezcan más a sus bases y se alejen de las tentaciones de violencia, de
golpismo, de toma de instituciones públicas, como lo han señalado de manera
temeraria”, dijo Quintana. El vicepresidente criticó las amenazas de la COB de
ocupar algunas instituciones públicas, expresiones que consideró señales de
intolerancia antidemocrática.
Los choques se produjeron cuando cientos de mineros se apostaron a la
altura del poblado andino de Caihuasi donde, tras dinamitar un puente para
cortar la ruta, fueron desalojados por la policía con gases lacrimógenos. El
enfrentamiento produjo seis heridos, entre ellos dos policías, que fueron
derivados a hospitales de la ciudad andina de Oruro.
Los mineros que participan en las protestas son trabajadores de la
empresa minera Huanuni –la mayor firma estatal del sector–, que se han sumado a
las movilizaciones encabezadas desde el lunes por la COB para exigir mejoras en
el régimen de pensiones.
La COB reclama que los trabajadores puedan cobrar una jubilación
mensual con un valor equivalente al ciento por ciento de los últimos sueldos
que recibían y no sólo con un 70 por ciento como marca la ley vigente.
Sin embargo, el gobierno también sostuvo que no cederá a la demanda de
la COB, que equivaldría a aumentar la jubilación mínima de los mineros a 8000
bolivianos (1147 dólares) y a 5000 (715 dólares) para el resto de los sectores,
porque a su juicio eso pondría en riesgo todo el sistema de pensiones, en
especial de los que menos cobran. La propuesta oficial, precisada por el
ministro de Economía, Luis Arce, es llevar el máximo de las jubilaciones de los
mineros a 4000 bolivianos (570 dólares) y la del resto de los trabajadores a
3200 (457 dólares).
Las movilizaciones cuentan con la participación principal de sectores
fabriles y trabajadores de hospitales, y los bloqueos se han extendido a las
carreteras de siete de las nueve regiones de Bolivia y afectan el paso en las
rutas fronterizas con Chile y Argentina.
Ayer, luego de ser dinamitado, el puente de Caihuasi quedó totalmente
intransitable, según el comandante nacional de la policía, general Alberto
Aracena. Situado a casi 200 kilómetros al sudeste de La Paz, Caihuasi está en
la carretera principal que va desde esta ciudad hasta la región central de
Cochabamba y la oriental de Santa Cruz.
Además, la policía capturó el martes dos ambulancias –una de ellas
cargada de explosivos y la otra estaba siendo utilizada para desplazar gente
para provocar violencia– y un minubús con dinamita, afirmó Romero.
Sin embargo, la COB declaró que seguirán sus acciones de protestas.
“Las medidas de presión se mantienen, los puntos de bloqueo se mantienen. La
unidad de los trabajadores está fortalecida”, dijo Juan Carlos Trujillo, máximo
líder de la COB, quien destacó que la dirigencia sindical únicamente se reunirá
con el presidente Morales.
El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, ratificó que el
gobierno no accederá a la demanda de los sindicatos, aunque renovó la disposición
al diálogo del Ejecutivo, rechazada anteayer por la COB. “En el diálogo con la
COB vamos a reiterar esta propuesta (de pensiones planteada por Arce) porque es
irrevisable. No vamos a poner en riesgo la economía del país, la sostenibilidad
del Fondo Solidario y la asignación de recursos para la gente que gana menos en
el país”, afirmó.
Asimismo, movimientos sociales afiliados a la COB, como la
Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) y
la Confederación de Mujeres Campesinas, Indígenas y Originarias Bartolina Sisa,
pidieron a los dirigentes de la central obrera reflexionar y retomar el diálogo
con el gobierno.
Por otro lado, el ministro de Trabajo, Daniel Santalla, descartó que
pueda haber alguna reunión con el presidente Morales o su vicepresidente y
censuró a quienes no quieren negociar con otras autoridades. En un afán de
extender el conflicto, José Luis Alvarez, dirigente de los maestros urbanos de
La Paz, anunció que su sector se sumará a las protestas ampliando la
movilización en las ciudades y reforzando el corte de rutas para convulsionar
todos los lugares posibles.
La Administración Boliviana de Carreteras (ABC), por su parte, reportó
seis puntos de bloqueos en las principales carreteras del país. Continúa
interrumpida la ruta hacia Chile en la localidad de Apacheta, a 30 kilómetros
de La Paz, y también una vía hacia Argentina, en el sur del país. El ministro
de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, criticó la posición de los huelguistas
y los acusó de promover el derrocamiento del presidente Evo Morales. La Central
Obrera Boliviana declaró que seguirán sus acciones de protestas.
Más de cien manifestantes fueron detenidos ayer después de choques
entre mineros y policías por la destrucción de un puente con dinamita, en el
tercer día de la huelga organizada por la Central Obrera Boliviana (COB).
“Se ha procedido a la aprehensión de más de cien personas que estaban
portando dinamita, que estaban lanzando materiales contundentes, piedras, y
provocando a la policía”, informó el ministro del Interior, Carlos Romero, en
rueda de prensa. Tras tres días de manifestaciones, el gobierno de Bolivia
denunció ayer la existencia de tendencias golpistas entre la dirigencia
sindical que sostiene la huelga general.
El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, criticó la
posición de los hueguistas y los acusó de promover el derrocamiento del
presidente Evo Morales. “Quiero pedir a algunos dirigentes de la COB que se
parezcan más a sus bases y se alejen de las tentaciones de violencia, de
golpismo, de toma de instituciones públicas, como lo han señalado de manera
temeraria”, dijo Quintana. El vicepresidente criticó las amenazas de la COB de
ocupar algunas instituciones públicas, expresiones que consideró señales de
intolerancia antidemocrática.
Los choques se produjeron cuando cientos de mineros se apostaron a la
altura del poblado andino de Caihuasi donde, tras dinamitar un puente para
cortar la ruta, fueron desalojados por la policía con gases lacrimógenos. El
enfrentamiento produjo seis heridos, entre ellos dos policías, que fueron
derivados a hospitales de la ciudad andina de Oruro.
Los mineros que participan en las protestas son trabajadores de la
empresa minera Huanuni –la mayor firma estatal del sector–, que se han sumado a
las movilizaciones encabezadas desde el lunes por la COB para exigir mejoras en
el régimen de pensiones.
La COB reclama que los trabajadores puedan cobrar una jubilación
mensual con un valor equivalente al ciento por ciento de los últimos sueldos
que recibían y no sólo con un 70 por ciento como marca la ley vigente.
Sin embargo, el gobierno también sostuvo que no cederá a la demanda de
la COB, que equivaldría a aumentar la jubilación mínima de los mineros a 8000
bolivianos (1147 dólares) y a 5000 (715 dólares) para el resto de los sectores,
porque a su juicio eso pondría en riesgo todo el sistema de pensiones, en
especial de los que menos cobran. La propuesta oficial, precisada por el
ministro de Economía, Luis Arce, es llevar el máximo de las jubilaciones de los
mineros a 4000 bolivianos (570 dólares) y la del resto de los trabajadores a
3200 (457 dólares).
Las movilizaciones cuentan con la participación principal de sectores
fabriles y trabajadores de hospitales, y los bloqueos se han extendido a las
carreteras de siete de las nueve regiones de Bolivia y afectan el paso en las
rutas fronterizas con Chile y Argentina.
Ayer, luego de ser dinamitado, el puente de Caihuasi quedó totalmente
intransitable, según el comandante nacional de la policía, general Alberto
Aracena. Situado a casi 200 kilómetros al sudeste de La Paz, Caihuasi está en
la carretera principal que va desde esta ciudad hasta la región central de
Cochabamba y la oriental de Santa Cruz.
Además, la policía capturó el martes dos ambulancias –una de ellas
cargada de explosivos y la otra estaba siendo utilizada para desplazar gente
para provocar violencia– y un minubús con dinamita, afirmó Romero.
Sin embargo, la COB declaró que seguirán sus acciones de protestas.
“Las medidas de presión se mantienen, los puntos de bloqueo se mantienen. La
unidad de los trabajadores está fortalecida”, dijo Juan Carlos Trujillo, máximo
líder de la COB, quien destacó que la dirigencia sindical únicamente se reunirá
con el presidente Morales.
El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, ratificó que el
gobierno no accederá a la demanda de los sindicatos, aunque renovó la
disposición al diálogo del Ejecutivo, rechazada anteayer por la COB. “En el
diálogo con la COB vamos a reiterar esta propuesta (de pensiones planteada por
Arce) porque es irrevisable. No vamos a poner en riesgo la economía del país,
la sostenibilidad del Fondo Solidario y la asignación de recursos para la gente
que gana menos en el país”, afirmó.
Asimismo, movimientos sociales afiliados a la COB, como la
Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) y
la Confederación de Mujeres Campesinas, Indígenas y Originarias Bartolina Sisa,
pidieron a los dirigentes de la central obrera reflexionar y retomar el diálogo
con el gobierno.
Por otro lado, el ministro de Trabajo, Daniel Santalla, descartó que
pueda haber alguna reunión con el presidente Morales o su vicepresidente y
censuró a quienes no quieren negociar con otras autoridades. En un afán de
extender el conflicto, José Luis Alvarez, dirigente de los maestros urbanos de
La Paz, anunció que su sector se sumará a las protestas ampliando la
movilización en las ciudades y reforzando el corte de rutas para convulsionar
todos los lugares posibles.
La Administración Boliviana de Carreteras (ABC), por su parte, reportó
seis puntos de bloqueos en las principales carreteras del país. Continúa
interrumpida la ruta hacia Chile en la localidad de Apacheta, a 30 kilómetros
de La Paz, y también una vía hacia Argentina, en el sur del país.
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