El gobierno toleró el espionaje colombiano contra activistas y refugiados en Asturias

El gobierno toleró el espionaje colombiano contra activistas y refugiados en Asturias El gobierno toleró el espionaje colombiano contra activistas y refugiados en Asturias. A pesar de los documentos requisados por la Fiscalía de Colombia y la confesión de exmiembros del DAS, el Estado español sigue sin dar ni exigir explicaciones sobre los seguimientos

Los servicios secretos colombianos espiaron en Asturies a activistas y personas refugiadas para actuar contra ellas y desprestigiar su labor en defensa de los derechos humanos. Entre los métodos que usaron figuran el seguimiento, la vigilancia digital, la interceptación de comunicaciones y el hostigamiento.

Así consta en numerosos documentos del propio Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), la ya disuelta inteligencia colombiana, requisados en 2009 por la Fiscalía General de ese país. Estos hechos, enmarcados en la denominada Operación Europa, salieron a la luz en las investigaciones de la Fiscalía colombiana sobre las llamadas chuzadas del DAS, las escuchas ilegales y otras actividades de espionaje, amenazas e incluso asesinatos que el servicio secreto colombiano realizó dentro de sus fronteras contra opositores, sindicalistas, periodistas y defensores de derechos humanos bajo los dos mandatos de Uribe (2002-2010).

El DAS en Xixón

Los documentos a los que ha tenido acceso DIAGONAL ASTURIES recogen tareas de seguimiento y de acopio de información por el DAS en suelo asturiano en el año 2005. El 13 de septiembre, en Xixón, se celebró un acto en recuerdo del sindicalista Luciano Romero, refugiado en Asturies y asesinado a su regreso a Valledupar (Colombia). Un documento del DAS, fechado el 20 de septiembre, recogía información del acto y datos biográficos de Romero y de Javier Orozco, coordinador del programa asturiano de acogida de víctimas de la violencia en Colombia, creado por el gobierno autonómico con el objetivo de proteger temporalmente a sindicalistas y defensores de derechos humanos que han sufrido atentados o amenazas y que desde 2001 ha acogido a 86 personas. Otro documento, del 5 de octubre, incluye dos fotografías del acto y una entrevista a Orozco que, según él mismo advierte, “aunque no se publicó en ningún medio de comunicación el DAS la tenía transcrita poco después de asesinado Luciano”. Ambos documentos están dirigidos a Carlos Alberto Arzayús, subdirector de Operaciones del DAS, pieza clave por su testimonio en las chuzadas colombianas, detenido en ese país por concierto para delinquir y seguimientos ilegales, delitos que reconoció y por los que solicitó sentencia anticipada para rebajar la condena. Arzayús formaba parte del grupo G3, creado en el seno del DAS, que operó en Europa y que fue definido como “una empresa criminal” por el magistrado Jaime Arrubla.

Javier Orozco apunta a la posibilidad de que la información recabada en Asturies se haya utilizado contra personas refugiadas a su regreso a Colombia. Las fechas encajan en el periodo uribista: Henry Ramírez, acogido en 2003 y asesinado en 2010; y Luciano Romero, acogido en 2004 y asesinado en 2005. Además, Orozco señala los casos de Marcos Sosa, acogido en 2006 y que sufrió un atentado en 2010; Duván Vélez, en Asturies en 2009, y que se salvó de un atentado en 2011; y Arístides Oime, acogido en 2004 y apresado en 2009 junto con sus padres, acusados de pertenecer a las FARC.

Ante los hechos probados por la fiscalía colombiana de que el Grupo G3 espió a personas en suelo español, ¿sabía el gobierno de Rodriguez Zapatero lo que estaba ocurriendo? “Desde Soldepaz-Pachakuti denunciamos, buscando protección, la violación de derechos fundamentales ante la procuradora general del Principado”, afirma Orozco. Desde la Procuradoría confirman esa reunión pero ¿qué hicieron con la información? “Se trasladó oficiosamente a homólogos de otras comunidades, no al gobierno central” señalan.

¿Y las fuerzas de seguridad? ¿Lo sabían? Enrique Santiago, abogado que conoce el caso, lo tiene claro. “Es imposible”, dice, “que la policía nacional no supiera durante cuatro años lo que estaba pasando porque además desde el punto técnico son bastante competentes”. En cualquier caso, Santiago insiste en que “desde 2010 ya hay conocimiento oficial de esas actividades ilegales, hay una querella, pero ni la policía ha presentado un informe ni la Fiscalía ha pedido una prueba; lo único que hace es oponerse a todo lo que pedimos”.

La operación europa en otros lugares del estado español y en otros países

Las actividades de espionaje que el G3 del DAS llevó a cabo en Asturies se enmarcan dentro de la denominada Operación Europa, bajo la cual el gobierno de Álvaro Uribe trasladó las chuzadas realizadas en Colombia a varios países europeos. En el Estado español, el DAS ha actuado contra oenegés y activistas al menos en Madrid, Valencia, Catalunya y La Rioja. En Europa, uno de los objetivos principales del DAS fue Bruselas, donde espió, entre otros, a varios eurodiputados. También se ha denunciado el seguimiento al periodista sueco Dick Thomas Emanuelsson (ver imagen 3), a quien le borraron la memoria de su ordenador. En los documentos del DAS a los que ha accedido DIAGONAL ASTURIES también se recogen órdenes de vigilancia y de búsqueda de información sobre opositores y oenegés en Suecia, Italia, Suiza y Francia. Además, según informó el programa Contravía del 30 de enero de 2011, realizado por el periodista colombiano Hollman Morris (investigado por el DAS), el enlace en Europa del G3 y subdirector de Fuentes Humanas del DAS, Germán Villalba, reconoció también haber llevado a cabo actividades en Portugal, Holanda y Alemania.

La justicia aprieta a Uribe

Aunque durante años pareció inmune a los tribunales, el cerco judicial sobre Álvaro Uribe Vélez va estrechándose. En Colombia, la Cámara de Representantes le abrió en 2010 una investigación por las escuchas ilegales a opositores, magistrados y periodistas. Uribe también está en el punto de mira de la Corte Penal Internacional. La fiscal Fatou Bensouda le investiga por crímenes contra los derechos humanos.

Desde 2010, Uribe tiene cuentas pendientes con la justicia española. Dos personas y un grupo de oenegés respaldadas por la Plataforma por la Paz y los Derechos Humanos en Colombia presentaron en el juzgado de instrucción 46 de Madrid una querella penal por interceptación de comunicaciones a 20 personas en el marco de la Operación Europa. Los acusados son Uribe y dos ex funcionarios del DAS: su ex director, Jorge Noguera, preso en Colombia y que señaló a Uribe como máximo responsable de las chuzadas; y Germán Villalba, coordinador del G3 en Europa, que cumple en su país seis años de cárcel. Según el abogado Enrique Santiago, la querella ha logrado que se enviasen dos comisiones rogatorias a Colombia, que “está respondiendo favorablemente”. Santiago explica que en la segunda comisión “confirmaron que los documentos sobre las chuzadas de España son auténticos, a lo que la Fiscalía española sigue haciendo oídos sordos”.

Prensa Rural