Denuncian que reforma penitenciaria en Colombia busca privatizar sistema carcelario

Denuncian que reforma penitenciaria en Colombia busca privatizar sistema carcelario

La solución para resolver los problemas de hacinamiento en las cárceles colombianas, “no es crear nuevas cárceles, aunque sí se requiere remodelar algunas que ya existen”, señaló Diego Alonso Arias Ramírez, presidente de la Unión de Trabajadores Penitenciarios de ese país, quien en entrevista con teleSUR agregó que para enfrentar con éxito tales retos, es preciso trabajar más en la prevención. “Se necesita cerrar más cárceles y abrir más escuelas”, finalizó. teleSUR

Tras el decreto presidencial de estado de emergencia por el hacinamiento en las cárceles colombianas, diversos sectores aseguran que reformar el Código Penitenciario no es la solución al conflicto, pues lo que se plantea es la privatización. En ese sentido, abogan por la modernización del sistema carcelario.

La Unión de Trabajadores Penitenciarios (UTP) de Colombia denunció este lunes que la reforma al Código Penitenciario, impulsada por el Gobierno, busca privatizar el sistema carcelario y no resuelve la crisis de las prisiones en ese país suramericano.

El presidente de la UTP, Diego Alonso Arias, afirmó a teleSUR que “un código que busca privatizar el sistema penitenciario no es la salida para una crisis tan endémica como la que se vive en las cárceles de Colombia”,

Sostuvo que “desde hace varios meses” la Unión de Trabajadores Penitenciarios ha denunciado las grandes dificultades que atraviesan los recintos.

Además, Arias consideró que las medidas tomadas por el presidente Juan Manuel Santos para subsanar los problemas del sistema de prisiones no son las más eficaces.

En ese contexto, señaló que la UTP ha realizado diversas propuestas al Estado para solucionar este conflicto, entre las que destacó, ampliar el sistema, evitar que el populismo punitivo siga llenando las cárceles, articular la política penitenciaria con la penal y criminal, e, incluso, el fortalecimiento de los procesos disciplinarios para evitar la corrupción.

“Sin embargo, el Gobierno ha hecho caso omiso y plantea un proyecto que busca entregarle a los particulares la construcción, administración y operación de los centros penitenciarios”, agregó e indicó que con estas medidas solo se resolverá la situación a corto plazo y, con el tiempo, este problema devengará en “una crisis carcelaria de magnitudes desconocidas”.

En cuanto al panorama de las penitenciarías colombianas, destacó que en estos recintos “hay tratos crueles, inhumanos (…) hay violaciones fragantes. La cárcel genera más violencia, producto de un Estado que abandonó a los reclusos y a los trabajadores, que no quiere ponerle una solución a la crisis y así es muy difícil avanzar hacia la modernización del sistema carcelario”.

En ese sentido, acotó que “no vemos una posible salida a este grave crisis”. Sin embargo, enfatizó en que “hay que seguir trabajando” y, finalmente, puntualizó en que “esperamos que los congresistas analicen este proyecto, que se dé un debate abierto y que tengamos un código que podamos operar para construir un sistema mucho más humano”.

En La Modelo

Entre tanto, el corresponsal de teleSUR en Colombia, Paul Bacares, realizó este martes un recorrido por la cárcel La Modelo, en Bogotá (capital), e informó que sobre este aspecto “ha habido varias reacciones por parte de los servidores públicos”.

Según Bacares, el defensor del pueblo, Jorge Armando Otalora, dijo que se debe decretar la emergencia social, establecida en la Constitución, pues “la emergencia carcelaria no sirve para nada”.

Expresó que, además, la reforma al Código Penitenciario, impulsada por el presidente Santos, posee muchos detractores, quienes reiteran los señalamientos del presidente de la UTP, cuando afirman que “lo que se busca es privatizar y convertir el tema penitenciario en un negocio”.

Asimismo, detalló que los líderes sociales de Colombia se han manifestado en contra de la reforma, “ya que lo que se quiere es crear más cárceles, pero no están pensando en reformar a los presos, darles un cambio social”.

La víspera, el presidente Juan Manuel Santos decretó estado de emergencia en las cárceles del país y anunció que se “acelerará la entrega de una serie de recursos” destinados al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) para aumentar la capacidad de los penales colombianos.

Por su parte, la ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, reconoció que hay un exceso de 40 mil reclusos en las prisiones del país suramericano.

Según cifras de la Defensoría del Pueblo, durante los últimos 12 años la población carcelaria se incrementó a 54 mil 915 personas, mientras que en el mismo lapso los cupos aumentaron solo en 42 mil. Lo que implica un déficit de 12 mil 906 cupos, sin contar la situación de hacinamiento antes de este incremento.

El Inpec calculó que la tasa de sobrepoblación es de 45 por ciento, y confirmó que de los 142 establecimientos de reclusión que administra, hay tres que tienen el mayor índice: Riohacha, con capacidad para 100 internos y que hoy cuenta con 427; Bellavista, en Medellín, que fue construida para dos mil 424, pero tiene siete mil 472 presos, y La Modelo, en Bogotá, cuya capacidad es de dos mil 907 internos, pero alberga a siete mil 839.

Telesur