El 9 de Abril de 1948 y su impacto en la vida colombiana
El viernes 9 de abril de 1948 a las
doce del día, en pleno centro de Bogotá fue asesinado el líder popular y
dirigente liberal Jorge Eliecer Gaitán. Apenas fue conocida la noticia, la
gente pobre se insurreccionó y destruyó todo lo que simbolizaba el poder
conservador y clerical. Algo similar sucedió en muchos lugares del país, donde
la población se sublevó de diversas maneras cuando se enteró del crimen. Para
aplacar los enardecidos ánimos de la muchedumbre urbana, los organos represivos
del Estado y sectores de la iglesia católica la aniquilaron a sangre y fuego,
masacrando a centenas o quizas miles de personas. En pocas horas la ciudad
capital, llamada en forma demagógica por las elites dominantes como la “Atenas
Sudamericana”, había quedado reducida a cenizas y se rompía el mito de que
Colombia constituía la democracia más sólida y perdurable de América Latina.
Los sucesos de Bogotá constituyeron la protesta urbana más importante de la
primera mitad del siglo XX en todo el continente, y con ellos se cerró una
etapa de la historia de Colombia y se abrió otra, que todavía no termina, cuya
característica principal ha sido el terrorismo de Estado, entronizado en en la
vida cotidiana de nuestro país desde aquella fatídica fecha.
Ya es un lugar común decir que el 9 de abril partió la historia contemporánea
de Colombia en dos. Sin duda alguna, esa fecha ha sido importante no sólo por
lo que pasó en aquel día y lo que significó en el proceso de generalización de
la violencia por todo el territorio nacional, sino además por la muerte
política del gaitanismo y por el tímido intento de reconciliación entre los
partidos cuando todavía estaba tibia la sangre del caudillo liberal. Para
completar el cuadro de los factores estructurales que gravitarán en los años
venideros, en el mismo dia y lugar de los acontecimientos se reunía la Novena
Conferencia Panamericana que desde un comienzo había adoptado como su lema central
el anticomunismo y que inició oficialmente la Guerra Fría en territorio
latinoamericano y dio paso a la hegemonia indiscutible del imperialismo
estadounidense.
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Contrariamente a la denominación de
“el bogotazo”, el 9 de abril alcanzó una dimensión nacional a nivel urbano e
incluso tuvo manifestaciones rurales y en ese sentido se le puede denominar
como “el colombianazo”. Luego de conocido el asesinato de Gaitán se produjeron
levantamientos espontáneos, protestas y formación de Juntas Provisionales de
Gobierno en diversos lugares del país.
No obstante, se presentaron notables diferencias entre los eventos de la
capital del país y los de provincia. En las grandes capitales el liberalismo
oficial era la fuerza dominante, en razón de lo cual el movimiento no tuvo
ninguna cohesión interna, ni orden, ni organización y se manifestó en el
desahogo de las masas populares contra los símbolos del orden establecido y, al
final, fue capitaneado por los dirigentes tradicionales del liberalismo. En
provincia, en cambio, ante la existencia de tradiciones de lucha popular, se
presentó una relativa cohesión interna que posibilitó nuevas formas de
organización popular y dotó de cierta dirección a la protesta.
En las ciudades grandes, y en primer lugar en Bogotá, no fue posible constituir
un poder alterno, y los dirigentes del bipartidismo lograron mantener su
unidad, en medio del dolor y de la ira incontenible, pero desbodada, de la
población citadina. En provincia, aunque los resultados no se hayan logrado
consolidar durante bastante tiempo se generó una especie de dualidad de poder,
puesto que emergió de las entrañas mismas de la población un tipo de
organización interna dfiferente a las de las clases dominantes. Mientras que en
Bogotá el movimiento estaba derrotado desde un comienzo por el comportamiento
políitico de la aristocracia liberal, en provincia se dieron gérmenes de nuevas
formas de poder popular en contra de las instituciones establecidas. Incluso,
los resultados del descontento popular fueron diversos, dado que mientras en
Bogotá fue evidente la destrucción de propiedades y edificios públicos y
privados, en provincia los daños causados fueron escasos. A la larga, el
comportamiento de la protesta en provincia estuvo condicionado por la evolución
de loa acontecimientos en Bogotá, ya que la derrota política en la capital
contribuyó a desmovilizar y desmoralizar la protesta organizada en las
distintas regiones.
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Con el oportunismo que históricamente
la ha caracterizado, la dirigencia del Partido Liberal empleó el cadaver de
Gaitán como arma de presión para negociar su reingreso al gobierno de Mariano
Ospina Pérez (1946-1950) y, al mismo tiempo, calmar los ánimos de las
enardecidas multitudes. El forcejeo con el gobierno duró 17 horas, al cabo de
las cuales se estableción un acuerdo entre la oligarquía bipartidista a
espaldas de la población que, como siempre, puso los muertos, la sangre y las
lagrimas.
Los liberales, aterrorizados ante la insurgencia de las masas –por muy
espontánea que haya sido- no fueron al Palacio Presidencial a exigir la
renuncia de Ospina, sino que imploraron la paz por la via constitucional. Se
inició el regateo y Mariano Ospina fue imponiendo su criterio y convenciendo a
los liberales de que no podían jugar a la subversión, ni a identificarse con
esas “fuerzas brutales” que habían salido a flote con ocasión de la muerte de
Gaitán. Dario Echandia, el principal jefe liberal tras la desaparición del
líder popular, reunió una convención liberal de bolsillo para plantear si
aceptaba o no el ofrecimiento presidencial de designarlo Ministro de Gobierno.
La “democrática” convención consideró que lo mejor para el liberalismo era
aceptar esa cartera y modificar el gabinete, como lo había propuesto el primer
mandatario, incluyendo la remoción del odiado Laureano Gómez, el “monstruo”
profalangista que irradiaba odio, violencia y muerte en todas sus actuaciones.
El más encarnizado rival de Gaitán dentro del liberalismo, el financista Carlos
Lleras Restrepo, dando muestras de un gran cinismo, fue el encargado de
pronunciar el postrer discurso ante la tumba de aquél y pasó, además, a
presidir la Dirección Nacional del Partido Liberal. Dias despues los dos
partidos expidieron una declaración conjunta en la que le pedían al país
olvidar los sucesos anteriores y se declaraban partidiarios de la paz, pero eso
sí, pedían el castigo de los culpables de los delitos contra la propiedad y los
bienes públicos. Manifestaban estar dispuestos a conducir al país por caminos
de concordia y democracia, introduciendo cambios sustanciales en la lucha
política y partidista. ¡Pamplinas, porque el último acto de la Unión Nacional
estaba pegado con babas, pues la tan anunciada unidad duró un año escaso, al
cabo del cual los liberales estaban otra vez pidiendo garantias al Ejecutivo y,
en la sombra, pensaban en organizar levantamientos armados o guerrillas
campesinas, con la intención de que sus peticiones fueran tenidas en cuenta y
nada más!
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Entre los efectos de mediana duración
del 9 de abril debe señalarse que condujo, luego de la virtual paralisis de los
órganos del Estado, a la unidad política entre los dos partidos y al acuerdo
estratégico del conjunto de las clases dominantes para enfrentar la crisis.
Así, se produjo una recomposición y luego un fortalecimiento de todos los
aparatos estatales. Para facilitar esta tarea se recurrió a un mecanismo
tradicionalmente usado en el país: el excesivo dramatismo puesto ante los
acontecimientos de abril y la responsabilidad de fuerzas externas, antes que en
asumir sus propias responsabilidades. El primero en señalar las alarmantes
dimensiones de los sucesos fue el presidente Ospina, quien no dudó en proclamar
inmediatamente que el principal responsable de los motines y desordenes era el
comunismo internacional, como para servir de caja de resonancia a las
acusaciones provenientes de la Novena Conferencia Panamericana. Todavía hoy el
argumento es repetido por los sectores más conservadores de este país cada vez
que se cumple un aniversariode la trágica fecha.
Como un efecto significativo del 9 de abril se produjó la reorganización
interna de los cuerpos represivos del Estado colombiano. Para el gobierno de
Ospina y para el conservatismo esa era una medida urgente, si se recuerda que
la Policia Nacional estaba compuesta en su mayor parte por fervientes
partidarios del asesinado líder popular y durante los sucesos de aquel día
había mostrado su beligerancia al sumarse en forma masiva a las filas de los
amotinados. Con los primeros decretos se trasladó el control del orden público
al Ejercito. También se ordenó el licenciamiento de personal uniformado de la
Policia Nacional y otras disposiciones entraron a considerarla como una
institución “eminentemente técnica”, lo cual preparó el camino para la
conservatización de esa policia y su conversión en una fuerza al servicio del
partido gobernante, que la utilizaria a diestra y siniestra para matar a los
nueveabrileños en todo el territorio colombiano.
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Entre las repercusiones del 9 de abril
cabe destacar la adopción del anticomunismo como doctrina oficial del Estado
colombiano, en concordancia con las conclusiones generales de la Conferencia
Panamericana, lo que prácticamente significó la entrada de esta parte del
continente en la Guerra Fría. Como para que no quedaran dudas de las
intenciones del gobierno de Estados Unidos, en las discusiones internas de la
conferencia surgió la propuesta de traer marines para acabar con los disturbios
e imponer la tranquilidad en el pais, asi como para asegurar la vida y las
propiedades de los subditos estadounidenses, empezando por “arquitecto de la
paz universal”, el propio George Marshall, Secretario de Estado de los Estados
Unidos.
El espritu anticomunista de la Novena Conferencia Panamericana se manifestó a
lo largo de sus sesiones, como lo atestiguan los documentos internos del
gobierno de Estados Unidos. La presión de la delegación estadounidense influyó
directamente para que fuese aprobada una declaración final, titulada Prevención
y defensa de la democracia en América, que en sus partes fundamentales de
condena al “comunismo internacional” decía:
“Las repúblicas
representadas en la Novena Conferencia Internacional Americana
Considerando
Que para salvaguardar la paz y mantener el mutuo respeto entre los Estados, la
situación actual del mundo exige que se tomen medidas urgentes que proscriban
las tácticas de hegemonia totalitaria, inconcebibles con la tradición de los
países de América, y que eviten que agentes al servicio del comunismo internacional
o de cualquier totalitarismo pretendan desvirturar la auténtica y libre
voluntad de los pueblos de este continente.
Declaran:
Que por su naturaleza antidemocrática y por su tendencia intervencionista, la
acción política del comunismo internacional o de cualquier totalitarismo es
incompatible con la concepción de la libertad americana, la cual descansa en
los postulados incontestables: la dignidad del hombre como persona y la
soberanía de la nación como Estado”.
Tan barata demagogia anticomunista se implementó para perseguir y aniquilar
cualquier proyecto democrático en el continente, como rápidamente se
demostraria en el caso de Guatemala, cuyo gobierno libre y democrático, fue
aplastado por una confluencia de intereses de la United Fruit Company, la CIA y
el Pentagono en 1954.
La organización de Estados Americanos, OEA, el “ministerio de colonias de los
Estados Unidos” surgió de las cenizas de Bogotá y se institucionalizó como el
organo predilecto del imperialismo yanqui para imponer sus políticas en el
continente latinoamericano, para lo cual contó con innumerables testaferros en
los diferentes países, empezando por Colombia.
Con el auspicio de los Estados Unidos, el estado colombiano y sus clases
dominantes adoptaron el anticomunismo como doctrina oficial y en nombre de la
defensa de los “valores patrios”, del “mundo libre” y de la “civilización
occidental y cristiana” se dieron a la tarea de perseguir y aniquilar toda
forma de oposición política, social o reivindicativa. Eso explica en gran medida
la entronización del terrorismo de Estado y todos sus crimenes durante los
últimos 65 años.
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Otro efecto importante de los
acontecimientos señalados estaba vinculado con los aspectos económicos, en lo
relacionado con la reconstrucción de Bogotá y con la implementación de nuevos
instrumentos de inversión y de planificación urbana. Sobre el impacto económico
de los mencionados sucesos, el Ministro de Hacienda y Crédito Público José
María Bernal señalaba pocos días después de la insurrección popular:
“Las desventuradas
ocurrencias del 9 de abril pasado […] implican una nueva fuente de nuevas
obligaciones que es inevitable llenar de alguna forma. El sostenimiento de un
ejército sensiblemente más numeroso que el ordinario; la dotación de nuevos e
inaplazables servicios de seguridad; la urgencia de tomar medidas encaminadas a
la pacificación del país y el robustecimeinto de su economía; la indiscutible
urgencia de atender a los servicios sociales que procuren un sano equilibrio
entre los distintos grupos de colombianos, son necesidades que han surgido con
más protuberancia que antes, y que representan gastos inmediatos a los cuales
es indispensable atender con recursos ordinarios, ya que, en su mayor parte, no
son gastos a los cuales, dentro de una sana política, deba atenderse con
recursos de crédito”.
Para implementar la recuperación económica y ampliar el aparato de represión,
el gobierno creó dos organismos asesores de su política económica: la Junta de
Planeación de la Reconstrucción de Bogotá y el Comité de Crédito Público y
Asuntos Económicos. El primero tenía funciones de administrar recursos y
realizar operaciones comerciales, mientras el segundo se ocupaba de la política
económica del gobierno.
Entre las medidas de recuperación se destacaban las concernientes al
ordenamiento del espacio urbano para la reconstrucción del centro de Bogotá,
que posteriormente contó con el asesoramiento directo del arquitecto francés Le
Corbusier. En el orden crediticio, el Banco de la República rebajó en un 25% el
encaje bancario con el fin de destinar créditos a los propietarios perjudicados
por los sucesos de abril; en el orden financiero se autorizó al gobierno para
contratar un préstamo externo de hasta 60 millones de dólares con el Banco
Mundial; a nivel tributario se estableció una impuesto a la renta que variaba
del 5% sobre las rentas líquidas superiores a 24 mil pesos y se impuso un
gravamen a los solteros y a los colombianos residentes en el exterior. Pero el
impuesto que más afectó a la población fue aquel destinado a restablecer el
orden público. Según esta disposición cada contribuyente tenía que pagar el 10%
de lo pagado por la liquidación del año gravable de 1946 por concepto de
impuesto a la renta, patrimonio y complementario.
Calculando el probable monto de este impuesto, el Banco de la República
autorizó un prestamo al gobierno central por un valor de 10 millones de pesos.
Por una suma equivalente, el municipio de Bogotá emitió bonos de servicios
urbanos. Asi se lograba una típica socialización de las perdidas, para que no
solamente los comerciantes resultaran afectados por los destrozos del 9 de
abril, sino para que además el aumento del pie de fuerza fuera financiado
directamente por la población.
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Desde
el punto de vista de las clases dominantes el 9 de abril sirvió para que se
impulsara una completa reorganización del Estado, como resultado de lo cual se
fortaleció y cualificó para la represión de una forma más sofisticada y con
nuevos instrumentos de control social e ideológico. De esta manera, las clases
dominantes disponían de todos los recursos para controlar cualquier rebeldia o
síntoma de protesta por parte de las clases subalternas.
Esto explica que, paradójicamente, el 9 de abril representara el golpe más
fuerte contra la movilización popular en las grandes ciudades, movilización que
se había ampliado desde 1943-1944. De esta forma, la unión sagrada de las
clases dominantes contra los sectores populares tuvo como primordial objetivo
la desorganización y desarticulación de los núcleos más combativos en las
ciudades, empezando por los obreros, que salieron sucesivamente mal librados en
1947-1948 -cuando se implementó el paralelismo sindical y se hostigó y reprimió
con saña a cualquier protesta sindical- y en forma paralela el movimiento gaitanista,
destrozado en sus pocos reductos, si se recuerda que en Bogotá fueron
asesinadas cientos de personas de origen popular.
Después del 9 de abril, el habitante citadino humilde, que tanta actividad
mostró en la década de 1940, fue desterrado de las calles de las grandes urbes,
cuyo control pasó directamente al aparato represivo. Este control era necesario
para las fuerzas del bipartidismo y de las clases dominantes, dada la
radicalidad que había adquiridó la protesta popular. Al ciudadano tampoco se le
compensó su “expulsión” de la calle ofreciéndole condiciones aceptables y
humanas de vida en el interior de los espacios residenciales, sino que se le
proporcionaron pésimas condiciones de existencia, y se le reprimió con la
imposición del Estado de Sitio permanente. Se “expulsó al ciudadano y por la
fuerza se le mantuvo encerrado en un espacio habitacional absolutamente
insuficiente, malsano, antihigienico, individualizante y opresor”. Las clases
dominantes pudieron dedicarse entonces a diseñar ciudades de y para el
capitalismo, sin ningún tipo de participación de los sectores mayoritarios de
la población. Esta particularidad del desarrollo urbano en el país indica que
lo acontecido en “la década de 1950 a 1960, que tiene tan sombrias
consecuencias en la vida nacional, fue paradójicamente la época del apogeo de
la arquitectura moderna en Colombia”.
Desde el punto de vista de las clases subalternas, el 9 de abril también dejó
su impronta. Muchos de los “nueveabrileños” serían protagonistas centrales de
posteriores gestas de resistencia a la violencia oficial, tanto durante los
gobiernos conservadores (1948-1953) como bajo la dictadura militar de Gustavo
Rojas Pinilla (1953-1957) y fueron organizadores de importantes baluartes
guerrilleros en diversas zonas del país. Pero ellos se marcharon a pelear a las
zonas rurales, porque el 9 de abril desplazó la violencia de las ciudades al
campo, al que se trasladarían también los más importantes focos y centros de
resistencia popular, algunos de los cuales con el tiempo darían origen al
movimiento insurgente que heredó las banderas populares y nacionalistas del
gaitanismo.
Rebelión
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