EL COMUNERO

Sobre la crisis de la universidad colombiana

La matriz socio-educativa: herramienta conceptual para la comprensión del tema Desde una aproximación de lo que se podría denominar la matriz socio-educativa en Colombia, se pueden discutir sobre algunas de las causas principales de la crisis de su sistema universitario público y, especialmente, de su crisis de financiamiento.

Por matriz socio-educativa se entiende una particular combinación de los fundamentos que distinguen al sistema educativo y que, necesariamente, son expresión de una matriz-sociopolítica nacional definida a partir de la relación entre Estado, régimen político, partidos políticos y sociedad civil o base social. Cada sociedad presenta una configuración particular de sus sistemas educativos, que se realiza a través de la combinación de los siguientes elementos: el papel de la educación en el proceso de conformación de la “modernidad”; la articulación entre Estado-mercado-sociedad civil y educación históricamente construida, y el modelo de selección social utilizado por el sistema educativo. En Colombia, la postergación de un proyecto nacional democrático que integre y reconozca la diversidad social, cultural y política condiciona el papel de la educación en el proceso de conformación de “modernidad”; en este sentido, el rol de la educación ha respondido a una lógica de la tradición, y el privilegio que obstaculiza la emergencia de un proyecto político-estatal de raigambre democrática y que se resiste a reconocer a la educación como un derecho social, lo que se reforzó en las últimas décadas neoliberales. En Colombia, la educación universitaria no se ha arraigado como una promesa de igualdad para una sociedad democrática, sino que se presenta como una llave para la diferenciación y jerarquización social; el acceso a la escuela y más aún, a la universidad, sigue remitiendo a un privilegio más asociado a las posibilidades económicas e individuales. Esto marca la enorme legitimidad de la educación privada en nuestro país y la indiferencia de las élites gobernantes para con la universidad pública. Precisamente, lo anterior define la articulación, ya mencionada, entre Estado-mercado-sociedad civil y educación históricamente construida. La provisión de educación universitaria pública ha sido limitada, el consenso social no se ha inclinado hacia la exigencia de una educación universal en el nivel universitario y la política pública se ha caracterizado por promover una expansión de matrícula fuertemente apoyada en el crecimiento del sector privado que, para el 2011, fue del 46% (cifra que se ha mantenido estable desde el 2006), aunque llegó a ser del 62% en el 2001. La Universidad Nacional  por su parte, representa menos del 4% de la matrícula universitaria total. La relación Estado-mercado-sociedad civil y educación se ha caracterizado por la debilidad estatal que deja buena parte del problema a las soluciones privadas copadas por sectores como la Iglesia; iniciativas universitarias vinculadas con un sector político determinado y también por algunos proyectos universitarios humanistas, liberales y racionalistas pero con un perfil de formación de élites que no pueden ser escenario de conformación de un imaginario integrador de la sociedad, que es el que está llamado a cumplir la universidad pública, y que en todo caso tiene que subsistir financieramente por su cuenta. Con relación al modelo de selección, los circuítos educativos están claramente diferenciados y las trayectorias fragmentadas. Si se logra acceder a educación universitaria, se accede a determinado tipo de institución según el origen social y el capital cultural de los individuos, implicando diferenciación y desigualdad educativa y la homogenización del fragmento. La política pública ha estado ausente para revertir este proceso y esto solo puede favorecer a minorías privilegiadas que tienen garantizadas sus aspiraciones personales. Situación aún más problemática en un país con un complejo conflicto armado y una juventud sitiada por la violencia. La coyuntura de la crisis de financiamiento de la universidad pública “Las políticas públicas son un fértil campo para el estudio de las matrices nacionales, revelan sistemáticamente los rasgos dominantes de las culturas políticas vigentes, al tiempo que las reproducen y refuerzan” Myriam Henao (1999) propone la revisión de tres momentos en la relación Estado-Universidad desde el punto de vista de las políticas públicas en Colombia: uno de Anomia hasta los años setenta caracterizado por “la ausencia de políticas públicas reguladoras que cumplieran el papel ordenador de la educación superior” (Henao.1999:182). El segundo, deHeteronomía con una vocación legislativa sobre el sistema de educación superior (Ley 8/1979; Decretos 80, 81, 82, 83 de 1980) y, finalmente, el del reconocimiento constitucional de la autonomía en 1991 y la Ley 30 de 1992. En el primero, la financiación de la universidad pública por parte del Estado apenas cubre sus necesidades mínimas de expansión; en el segundo, la financiación es deficitaria, y en el tercero, se empieza a consolidar el creciente esfuerzo de autofinanciación de la universidad pública por cubrir el déficit. Así, una revisión de las consecuencias de esa matriz socio-educativa da cuenta de un hecho muy problemático: la universidad pública no está en el núcleo de las prioridades sociales, pues ha imperado la mentalidad que si bien el Estado tiene competencia, se trata fundamentalmente de un problema de los individuos y sus familias. La no despreciable conquista de un presupuesto mínimo garantizado en la Ley 30 de 1992, se ha comprobado insuficiente ante las crecientes exigencias presupuestales y el incumplimiento frecuente del Estado en el reconocimiento de los recursos; hoy el déficit de la Universidad Nacional se calcula en 55 mil millones de pesos y el acumulado entre 2003 y 2011 por el conjunto de las 32 universidades públicas es de al menos 11 billones de pesos. Sin mencionar el peso de la autofinanciación que en la Universidad Nacional alcanzó el 45% del total del presupuesto en 2012. La financiación menguada de la universidad pública por los gobiernos de la era neoliberal que persiste en Colombia, la lleva a constantes crisis como el recién superado paro de trabajadores en la Universidad Nacional que se sostuvo por cuatro largas semanas. Las universidades no sólo están agobiadas por la imposibilidad de sufragar sus gastos de inversión y de funcionamiento ligado a lo estrictamente académico sino que algunas como la Universidad Nacional también están rezagadas en la actualización salarial de sus empleados administrativos, lo que motivó el paro. Ciertamente, esta situación que aparece en cada coyuntura se hace cada vez más un problema crónico. Así durante todo el mes de octubre de 2009 se desarrolló la discusión sobre la imposibilidad de las universidades para financiar sus gastos de funcionamiento posteriores a 2010. En agosto de 2010, se conoció que el gobierno sólo había desembolsado el 14% de los recursos destinados a inversión a la Universidad Nacional, cerca del 25% a la Universidad del Cauca, 12% a la Universidad Tecnológica de Pereira y montos similares al resto de universidades estatales y, ahora, el 2013 se presenta con la estimación de un déficit exorbitante según el Sistema Universitario Estatal y el Consejo Nacional de Rectores. De forma inevitable, los temas fiscales se convirtieron en el núcleo expreso o tácito de cualquier debate o decisión sobre la universidad. La predominancia del análisis fiscal y financiero de la educación superior, hizo invisible cualquier otra apreciación sobre la educación superior, instalando de paso, en el discurso académico y público, la idea de educación como un servicio sujeto a transacción e identificando cualquier intervención del Estado como una compensación a una particular situación de mercado natural y legítima. La crisis de financiamiento de la universidad pública colombiana es una crisis de los fundamentos en los que se sustenta el sistema educativo.  En las últimas décadas neoliberales se abandonó la promesa de la educación para las clases populares, se profundizó la retirada del Estado que descargó su responsabilidad en la iniciativa privada y permitió que la urgencia fiscal retrasara el avance cualitativo de la educación superior pública, y se relegitimó la selección social del sistema educativo, especialmente en el nivel superior, con exclusiva base en las oportunidades individuales. El interrogante es entonces: ¿cuánto tiempo más soportarán estás instituciones en coma inducido y cuanto rezago educativo y científico seguirá tolerando el país? Palabras al margen